T1 E8 Presupuestos UE 2021-2027

Las negociaciones en el seno de la Unión Europea (UE) siguen para la aprobación de los presupuestos que marcaran las finanzas y los fondos de recuperación de los Estados miembros y de la organización para los próximos siete años (2021-2027). Pero el calendario podría no cumplirse si Hungría y Polonia no acceden a desbloquear el proceso.

Los ciudadanos europeos no solo sufren la segunda ola de la Covid-19 y sus consecuencias ahora mismo, sino que además ven peligrar la llegada de esos fondos de recuperación que tanto necesitan sus Estados para poder seguir materializando todas esas ayudas que tan vitales son para garantizar la seguridad sanitaria y el bienestar de todos. Y la razón es ese pulso político entre Bruselas, Varsovia y Budapest.

El conflicto surgido no es por una cuestión económica, ya que Hungría y Polonia salen muy bien beneficiados de los acuerdos pactados y además requieren del acceso de esos fondos de recuperación, ya que sus poblaciones son de las que más están sufriendo las consecuencias de esta segunda ola del virus. Aun así, se oponen a que se condicione la recepción de estos fondos al cumplimiento y defensa del principio del “Estado de derecho”.

El Estado de derecho es un principio básico y fundamental en el que se sustenta el espíritu democrático de la UE. Pertenecer a la Unión como Estado miembro implica aceptarlo, seguirlo y defenderlo, por lo que supone una línia roja no negociable para los otros Estados miembros. Ceder en ello acarrearía aceptar que los gobiernos están por encima de la ley, siendo esta un mero instrumento más del poder ejecutivo para lograr sus objetivos. Y pudiendo ser aplicada de un modo arbitral. El Estado de Derecho está para garantizar la protección de los ciudadanos ante sus gobernantes.

De hecho, ya existe el artículo 7 en el Tratado pensado para defender el Estado de Derecho, pero hasta el momento se ha mostrado ineficiente. Aunque supone una gran amenaza para el gobierno infractor, ya que le puede incluso retirar su derecho de veto; es de muy difícil aplicación ya que para ello es necesario que se dé la unanimidad en la decisión. De ahí que se hayan usado los fondos de recuperación como instrumento más práctico para lograr ese mismo objetivo. Si los Estados miembros no respetan el Estado de Derecho se le congelarían las ayudas europeas.

Que existe una cláusula así es observado como una amenaza directamente dirigida a Budapest y Varsovia, cuando en verdad es un principio básico, fundamental y neutral aplicado a todos por igual.

El lunes, 16 de noviembre, en la reunión de los 27 embajadores de la UE, el veto de ambos se hizo explícito, poniendo sobre la mesa de negociación una crisis política. Aun así, la semana todavía no ha terminado y este jueves se da la Cumbre de los jefes de Estado por videoconferencia. Habrá que esperar como se resuelve la cuestión.

Orbán se ha atrincherado en su decisión y no mueve posiciones, negándose a ceder incluso después de todo un seguido de reuniones e incluso súplicas personales por parte de la cancillera alemana Angela Merkel, el presidente del Consejo Charles Michel y altos funcionarios de España, Italia, Portugal y Francia.

Estos días Europa vive otra crisis institucional sin salida evidente al estancamiento y Orbán disfruta de ser su causante y de estar en el centro de atención mediático. Este es sin duda un pulso entre las fuerzas democráticas y los populismos de derecha europeos.

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