Por Cristina Font Haro

Publicado: Brupek.com 11/04/2017

El pasado 7 de Febrero, el presidente Español, Mariano Rajoy, recibió una llamada directa del nuevo electo presidente estadounidense, Donald Trump, la llamada que duró unos quince minutos estaba prevista e inscrita en la ronda de llamadas que el nuevo inquilino de la Casa Blanca estaba realizando a los mandatarios de los principales países aliados. Como bien decían la prensa española, entre ellos El País, durante la breve conversación se trataron los principales temas de la agenda política, entre ellos la cuestión de un aumento necesario de las contribuciones en defensa de los socios europeos. El presidente Trump reiteró el compromiso de EE.UU con la OTAN y enfatizó la importancia de que los distintos miembros de la organización compartan la carga del gasto en defensa. Pero, ¿qué conocemos del gasto militar español? ¿Un aumento en el gasto sería sostenible para la economía española?

Introducción

Como ya se trató en el artículo anterior publicado en este misma revista digital “Gasto militar en defensa de EE.UU, Rusia y China: su importancia geopolítica”, en el contexto internacional, los estados en tanto que son identidades  independientes constituidas por tres elementos: territorio, población y gobierno. Desde una perspectiva jurídica, la soberanía del estado sobre su territorio y población es lo que le confiere un status legal único enfrente a cualquier otro actor internacional y, a su vez, la capacidad soberana de los estados los iguala entre ellos en el sistema anárquico internacional. Por tanto,  la preservación de esa capacidad soberana junto a una libertad relativa a la hora de diseñar la agenda política del país, serán cuestiones de gran relevancia para el estado. Por lo que, la capacidad del estado por mantener su autonomía  dependerá directamente de su tamaño militar, entendiendo  “autonomía” como “seguridad nacional”.

La seguridad nacional en su vertiente más clásica es definida como el objetivo de prevenir o rechazar amenazas militares y, por tanto, defender militarmente la soberanía, la independencia y la territorialidad del estado frente a posibles agresores. De este modo, el Estado busca su propia seguridad a través de incrementar su poder a través de su capacidad militar.  Aunque la definición de “seguridad” ha evolucionado en las últimas décadas hasta llegar a concederse la “seguridad humana”, en este artículo, su definición clásica nos es válida, ya que centramos nuestra atención en el “aparato militar” del estado.

La reducción del gasto militar ha sido una realidad desde finales de la década de los ochenta. No obstante, la reducción de dicho gasto ha sido proporcionalmente mayor en el mundo industrializado que en los países en desarrollo. Lamentablemente, son los países pobres los que han ocupado y siguen ocupando puestos proporcionalmente destacados por su gasto militar, con las consecuencias negativas que ello comporta a nivel de gastos sociales (educación y salud) del estado. Sin lugar a duda, la situación de guerra civil o de regímenes dictatoriales en países del Tercer Mundo alimenta buena parte de la industria armamentista.

El tamaño militar en España y sus incidencias en la sociedad

España, aún siendo un país desarrollado, el ciclo económico de los últimos diez años no ha sido tan positivo. Tal y como muestra el gráfico 1 ha descendido desde el 2007 ha causa de la situación económica mundial y del fin de la burbuja inmobiliaria nacional, llegando incluso a presentar un crecimiento negativo para los años 2009 y 2012. Parece ser que a partir de esta última fecha, la economía española he empezado a mejorar.

Crecimiento del PIB (% anual) de España | Fuente: Banco Mundial 2016
CRECIMIENTO DEL PIB (% ANUAL) DE ESPAÑA | FUENTE: BANCO MUNDIAL 2016

Siguiendo las teorías macroeconómicas americanas que defienden el gasto militar por parte del Estado, si comparamos la evolución del PIB español con la tendencia de gasto militar del país, debería ser posible hallar una correlación positiva entre ambos factores, dado que España al igual que los Estados Unidos, es un país industrializado.  No obstante, como se observa en el gráfico 2, aunque haya habido un ligero aumento del gasto para el 2012 (segundo año de crecimiento negativo del PIB), tal correlación no se observa, ya que el gasto militar se mantiene bastante estable a lo largo del periodo seleccionado (2005-2015). De hecho, las cifras se mueven entre el 1,2 por ciento del PIB y el 1,4 por ciento del PIB.

Gasto militar total (% del PIB) para España | Fuente: Banco Mundial 2016
GASTO MILITAR TOTAL (% DEL PIB) PARA ESPAÑA | FUENTE: BANCO MUNDIAL 2016

Que no se cumpla la susodicha correlación no tiene porque significar que la teoría americana sea incorrecta, sino que esta se centra demasiado en lo que es el diseño industrial americano, por lo que no se puede generalizar a otros países. Sin embargo, es plausible afirmar que el peso del sector militar es distinto en las economías americana y española. Aunque, también habría que decir que el ciclo económico militar en España es un tanto peculiar, ya que desde la entrada del Partido Popular (PP) en el gobierno en el 1996, se empezó a ampliar la partida presupuestaria del Ministerio de Defensa mediante una fórmula de “contabilidad creativa” a tres bandas (el Ministerio de Industria, el de Defensa y las Industrias), de manera que el valor presupuestario real para el Ministerio de Defensa queda camuflado y no aparece en las estadísticas.

Gasto en defensa y “contabilidad a la Española”

Como explica Pere Ortega (2016), el Estado destina parte de los recursos públicos al desarrollo y adquisición de infraestructuras, instalaciones, bienes de equipo, armas e I+D, todo ello bajo un mismo paquete de inversiones militares, siendo la adquisición de nuevo armamento la más costosa. La susodicha inversión en  armamento puede estar destinada o bien al mantenimiento operativo, logístico y de modernización, o bien a llevar a cabo programas especiales de armamento, los cuales son a largo plazo y de un elevado coste. Estos programas pretenden hacer compatibles las fuerzas armadas del país con otros ejércitos en las misiones internacionales que se comparten bajo las tutelas de las Naciones Unidas o de la OTAN. En el caso español y europeo, se encuentran los aviones de combate EF-2000 (Eurofighters) y los aviones de transporte militar A400M.

Ahora bien, en España, las inversiones en I+D militar han producido un auténtico caos financiero al Estado. En 1996 se propuso modernizar las fuerzas armadas mediante la adquisición de diversos grandes programas especiales de armamentos (PEA), con un coste elevado, alrededor de veinte mil millones de euros. Para llevarlos a cabo, como se ha mencionado en el apartado anterior, se ideó la susodicha fórmula de “ingeniería financiera” (convenio a tres bandas: el Ministerio de Industria, el de Defensa y las industrias). Éste se basaba en que el Ministerio de Industria concedía créditos en concepto de I+D a las empresas militares para desarrollar los PEA a cero interés y a retornar en veinte años mientras que el Ministerio de Defensa pagaba a las empresas las armas cuando estas se entregaban, pero les descontaba los préstamos recibidos que Defensa debía reintegrar a la Industria.

Desde 1996, los créditos en I+D concedidos por el Ministerio de Industria para los PEA ascienden a 19.070 millones, 16.000 de los que no han sido devueltos, acumulando una deuda de tamaño extraordinario que la Hacienda española no sabe cómo ponerle fin, debido a que las empresas argumentan que ese I+D eran adelantos a cuenta de las armas y que es Defensa quien debe retornar los créditos a Industria.

Como bien dice Pere Ortega (2016), la entrada de Pedro Morenés como ministro de Defensa (2011-2016) no ayudó a encauzar la situación. Los presupuestos de Defensa para los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, continuaron sin contabilizar el gasto comprometido de los PEA para posteriormente habilitar créditos extraordinarios para hacer frente a los compromisos. Así, el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles (2012-2016), justificó en la Comisión de Defensa del Congreso de Diputados  (23/05/2013) que los PEA no están contabilizados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y afirmó que el pago de esos programas se va acomodando según las posibilidades económicas y la negociación con el sector industrial. En esa misma comisión, Argüelles anunció un cambio de estrategia con los PEA, reprogramando las entregas y los pagos con cargo a ejercicios futuros fijando el año 2030 como horizonte y que se reducía su coste en 3.850 millones de euros. Fijando el coste de los PEA en 29.479 millones de euros para el periodo 2002-2030.

Aún así, lamentablemente la realidad es otra. A pesar de las reconfortantes palabras de los políticos, los pagos de los PEA continuarán en un futuro próximo, por lo que su coste junto a los intereses también seguirán a la alza, siendo todavía no posible predecir el coste total que adquirirán.

¿Qué salida le da España al mercado militar: humanista o todo vale?

Según datos del Centro Delàs, las exportaciones de armas españolas en el 2015 ascendieron a los 3.720 millones de euros (un 16% más que en el 2014, pero un 39,1% más que en el 2006). En 2016, se autorizaron exportaciones por valor de 10.676 millones de euros, lo cual supone ser una cifra record. De este modo se consolida la tendencia alcista de los últimos años. Además, se observa como el mercado español de exportación de armamento se sustenta en dos pilares fundamentales: las exportaciones a países industrializados, con un 56% en el 2015 y las exportaciones a países con un alto nivel del PIB, como son los países del Oriente Medio, con un 24% (2015). Esto trae consigo varios hechos. Por un lado, cuando se observa el gasto militar del país, este resulta ser bajo, ya que al ser un país industrializado, uno suele imaginar que goza de cierta estabilidad y de seguridad nacional, por lo que no necesita armarse a gran escala. Pero, por otro lado, el armamento no sólo sirve para armarse y defenderse, sino también para hacer negocio con él. Y ese es el caso de España. Recordemos, además, la jugada picaresca en las cuentas del Estado, de modo que el gasto militar siempre parece ser menor de lo que en verdad es. Así que ese gasto público se destina al desarrollo y  fabricación de armamento que en gran medida será vendido. Entonces, aquí aparece una segunda cuestión: ¿a quién?

Desde la UE se han dictado una serie de normas o códigos los cuales marcan a quien se puede vender y a quien no. Pues bien, atendiendo a la legislación española y europea, la venta de armas realizada a Oriente Medio seria ilegal, dada la situación de estabilidad en la región. Mediante Arabia Saudita como comprador, las armas de fabricación española han terminado involucradas en los conflictos de Siria y Yemen. De este modo, de aquí se extraen varias consecuencias. Principalmente, “hecha la ley, hecha la trampa”. Es decir, al usar a Arabia Saudita como mediador, la venta de armas no es ilegal, por lo que en lugar de observar al comprador se debería tener en cuenta si este es un simple intermediario o el comprador final, además del uso que le dará al armamento comprado. En segundo lugar, se observa una doble moralidad. Los países industrializados suelen ser los defensores de la democracia, los derechos y libertades humanas, pero después son los que fabrican y venden las armas que incrementan la agresividad de la violencia directa en los conflictos de los países del Tercer Mundo.

Los conflictos internos de los países del Tercer Mundo nos conduce a la segunda reflexión, es decir, la negativa incidencia social de la elevada militarización de los estados del Tercer Mundo ha roto, por completo, la lógica más tradicional del poder de los estados. En efecto, la inseguridad ha dejado de ser, en la mayor parte de los casos, una amenaza externa  para convertirse en una vivencia cotidiana. Como apunta el Informe sobre el Desarrollo humano  1994: “resulta dudoso que ese gasto haya traído mayor seguridad al ciudadano medio de esos países. En los países en desarrollo, las probabilidades de morir debido al abandono social (por desnutrición y enfermedades prevenibles) es superior en 33 veces a las probabilidades de morir en una guerra como resultado de una agresión externa. […].Por consiguiente, el gasto en armas menoscaba la seguridad humana, al consumir preciosos recursos que podrían haberse destinado al desarrollo humano”. Es decir, por un lado, una mayor militarización del Estado, ciertamente implica una menor cantidad presupuestaria para otros sectores, como son la sanidad o educación. Lo cual, lógicamente tiene un efecto negativo en el desarrollo social y económico del estado. No obstante, por otro lado, esa militarización se da porque existe una razón, una amenaza. Pero, ¿es ésta interna o externa? Lamentablemente interna. Los estados ya no se militarizan por tal de defenderse de posibles ataques externos (concepto clásico de seguridad nacional), sino para mantener su soberanía dentro de las fronteras de su propio estado y controlar a su vez la población, por lo que esta pierde toda sensación de seguridad. De allí que la militarización en cuanto que poder del estado enfrente de otros estados carezca de sentido. Y cualquier beneficio para la sociedad que pueda provenir de la economía militar se disuelva.

Fuente: Brupek.com

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